A las pocas horas de que Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años y enfermero titulado, fuera asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis, surgió una campaña coordinada de desinformación. Respaldada por la administración Trump y amplificada por personas influyentes de derecha, la víctima fue rápidamente etiquetada de “terrorista” y “lunática” a pesar de las pruebas contradictorias. La velocidad y ferocidad de la respuesta plantean dudas sobre un esfuerzo planificado previamente para controlar la narrativa.
El tiroteo y los reclamos iniciales
Pretti fue asesinado durante un enfrentamiento con múltiples agentes federales de inmigración. Según el vídeo de un testigo, estaba intentando ayudar a una mujer que había sido rociada con gas pimienta cuando los agentes lo abordaron. El comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, afirmó inmediatamente que Pretti blandió una pistola de 9 mm, se resistió al desarme y recibió un disparo en defensa propia. Bovino afirmó que Pretti carecía de identificación y tenía la intención de “hacer cumplir la ley en masacre”, mientras que el tirador estaba “ampliamente entrenado”. El Departamento de Seguridad Nacional se hizo eco de estas afirmaciones en una publicación de amplia circulación en X, vista más de 17 millones de veces.
Esta narrativa fue rápidamente adoptada por los medios de comunicación de derecha, y el Post Millennial publicó un titular alegando que Pretti “parecía querer ‘el máximo daño’ y ‘masacrar’ a las fuerzas del orden”. La urgencia de la respuesta sugiere un esfuerzo por desacreditar preventivamente las posibles críticas.
La evidencia contradice la narrativa oficial
Varios videos de la escena no muestran ningún arma de fuego visible en posesión de Pretti cuando los oficiales se acercaron a él. Los análisis de The New York Times y Bellingcat confirman que sostenía un teléfono, no un arma, antes de ser obligado a tirarse al suelo. Esta discrepancia socava la justificación central del tiroteo.
Escalada y consecuencias políticas
El expresidente Donald Trump intervino y culpó al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de “incitar a la insurrección”. El vicepresidente JD Vance amplificó las críticas, sugiriendo que los líderes locales se habían negado a cooperar con ICE. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, denigraba aún más tanto a los funcionarios locales como al propio Pretti.
El gobernador Walz desestimó las afirmaciones federales como “tonterías” y afirmó que el sistema de justicia de Minnesota se encargaría de la investigación, dada la falta de confiabilidad del gobierno federal. El asesor de seguridad nacional de Trump, Stephen Miller, calificó a Pretti de “asesino” y “terrorista”.
La desinformación se propaga rápidamente
Personas influyentes de derecha amplificaron las afirmaciones falsas. Nick Sortor describió falsamente a Pretti como un “extranjero ilegal” armado e intentando sacar un arma, contradiciendo su ciudadanía estadounidense y su falta de antecedentes penales. Jack Posobiec publicó que interrumpir las operaciones federales estando armado es “una buena manera de recibir un disparo”.
Disidencia dentro de la derecha
A pesar del esfuerzo coordinado, algunas figuras de derecha expresaron escepticismo. Tim Pool calificó a Pretti de “izquierdista radicalizado”, pero dudaba de que tuviera la intención de matar a agentes del orden. El comediante Dave Smith, partidario de Trump, sugirió que ICE estaba “fuera de control”, intensificando intencionalmente las interacciones violentas con los ciudadanos.
El incidente subraya una tensión creciente entre la aplicación de la ley de inmigración y la seguridad civil. La rapidez de la campaña de desinformación sugiere un esfuerzo calculado para moldear la percepción pública antes de que se puedan llevar a cabo investigaciones independientes.
El caso resalta los peligros de una autoridad federal sin control y la velocidad con la que las narrativas falsas pueden convertirse en armas en el clima político actual.
